Especial para El Seguro en Acción
Por Guillermo Bolado. Abogado. Ex Vicesuperintendente de Seguros de la Nación.
CONFLICTO DE INTERESES ENTRE LAS COMPAÑÍAS Y SUS ASEGURADOS – DECLINACIÓN DE LA DEFENSA DEL ASEGURADO EN JUICIO
Treinta años atrás, en plena convertibilidad, un millón de pesos era equivalente a un millón de dólares. Hoy con un millón de pesos sólo se consiguen apenas 5 mil dólares (en el camino quedaron US$ 995.000). En el mercado asegurador la situación no es diferente. La cobertura máxima del seguro de Responsabilidad Civil en automóviles, que en aquella época era de 3 millones de pesos (o dólares), en 2022 es de solo 23 millones de pesos (Resolución 766-2021 de la SSN), que equivalen a algo más de 100 mil dólares (en el camino quedaron US$ 2.900.000).
En España, por ejemplo, el seguro obligatorio automotor llegar a cubrir hasta 70 millones de euros por responsabilidad civil, más 15 millones de euros por daños materiales, que se venden por una prima anual de alrededor de 500 euros.
Los 23 millones de pesos actuales de suma máxima del seguro automotor de responsabilidad civil “voluntario” no protegen adecuadamente a los asegurados, quienes ven expuesto su patrimonio —sin saberlo— en ocasión de siniestros graves, múltiples, con lesionados o fallecidos. Como siempre, son las víctimas las que infelizmente pagan con su vida o incapacidad, en tanto la paupérrima cobertura máxima actual los priva de recibir una reparación integral.
El dato lo aporta con contundencia el valor vida mínimo establecido en Riesgos del Trabajo que asciende, por Resolución SRT 15/2022 a $ 11.365.192 en la indemnización por la muerte de un trabajador, que consumiría casi el 50% de la cobertura actual (debiendo adicionar daños materiales de los automóviles muchas veces de costos millonarios). A falta de baremo unificado, los tribunales civiles se están alejando del valor promedio de $ 60.000 el punto de incapacidad, elevándolo diariamente.
Es evidente que el seguro actual no cubre eficazmente lo que pretende proteger. Los riesgos personales y patrimoniales quedan expuestos de manera dramática, pues la cobertura se “agota” rápidamente cuanto más grave es el siniestro.
En 2016, por Resolución SSN 39927 (una norma de avanzada), se facilitó a las aseguradoras fijar sumas máximas por encima de las establecidas por el regulador. Unas pocas ofrecieron coberturas ampliadas, pero lamentablemente el sector no optó por diferenciarse por calidad y solvencia. Las razones son muchas y esta nota no pretende desarrollarlas, pero podríamos enumerar: el enorme costo impositivo, la baja renta financiera de los últimos años, la imposición estatal de comprar bonos basura, la crisis económica que impide subir las primas, la guerra de precios, la devaluación permanente de la moneda, la mayor siniestralidad, el fraude, la suba permanente del costo de los rodados y sus repuestos, etc.
No debe soslayarse el hecho de que algunos operadores suponen que elevar las sumas impactaría en el stock de sus juicios pendientes, subiéndoles el pasivo. Incluso, hay operadores que pretenden mezquinamente que la suma asegurada se mantenga sin actualizar hasta la fecha de pago (luego de años de litigio), lo que francamente resulta inadmisible y genera mayor incertidumbre, alentando la litigiosidad, premiando a quienes tienen la malsana estrategia de postergar los pagos, en perjuicio de las compañías que dignifican la actividad aseguradora cumpliendo los contratos en tiempo y forma.
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Las nuevas demandas por siniestros múltiples, lesiones graves y muertes superan con holgura la cobertura actual de $ 23 millones de pesos. Ello genera un nuevo y grave problema: el asegurado no contará con el patrocinio letrado a cargo de su aseguradora, porque el abogado provisto puede correr riesgos de ser sancionado por el juez o por los colegios profesionales, pues tendrá conflicto de intereses en tanto defenderá a la aseguradora solo hasta el máximo de su prestación, y si el reclamo y la condena es en exceso, deberá ocuparse el propio asegurado (abonando de su bolsillo gastos y honorarios judiciales), designando sus defensores.
Los productores asesores de seguros más experimentados están en estado de alerta, en la búsqueda de coberturas adicionales y advirtiendo a sus clientes del riesgo al que están expuestos.
Se ha roto el principio rector de la actividad aseguradora: “mantener indemne al asegurado”.
El sector asegurador es víctima de la crisis económica. Administrar los riesgos requiere previsibilidad y estabilidad, pues los asegurados (y beneficiarios) deben contar con coberturas suficientes que los protejan sin restricciones.
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